Por Manuel Pérez-Rocha L.2 y Stuart Trew
El Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue diseñado para desmantelar los sistemas de regulación de la inversión extranjera, y específicamente con el pretexto de garantizar a los inversionistas de Estados Unidos y Canadá con un medio para solucionar casos extremos de posibles conflictos con el gobierno de México, pues se argumentaba que el sistema jurídico mexicano era deficiente y corrupto. Pero rápidamente se hizo evidente que este régimen de derechos corporativos, que se ha extendido a escala global, más allá del TLCAN, es una herramienta útil para que las corporaciones chantajeen a los Estados y les impongan grilletes obstaculizando su actuar en el diseño y aplicación de políticas sociales y medioambientalmente responsables.
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