En la década pasada, El Salvador y Honduras marcharon por caminos contrarios, el primero avanzando en la democratización con la elección desde 2009 de dos gobiernos sucesivos bajo el FMLN desde su formación como partido tras la firma de los acuerdos de paz en 1992. La sociedad civil salvadoreña se fortaleció con logros inauditos como la ley de prohibición de la minería metálica, la primera en el mundo, votada por unanimidad en la Asamblea Legislativa (https://bit.ly/3lp8t0j).
En cambio, en 2009 el gobierno progresista hondureño de Manuel Zelaya fue abatido por el golpe de Estado avalado por Estados Unidos y la década siguiente se definió por la consolidación de un narco-Estado bajo las presidencias de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández (https://reut.rs/3lq8j8U), al servicio de la élite hondureña y de los intereses de empresas extranjeras. Como dice la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos: detrás del golpe de Estado y su consolidación a través de los sucesivos fraudes electorales están los intereses del capitalismo extractivo que, para imponerse, ha hecho de Honduras uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos, en particular para quienes defienden los territorios del saqueo y la devastación ambiental
. Citan al relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU, Michael Frost, quien indica que casi 97 por ciento de los crímenes contra defensores de derechos humanos en Honduras siguen sin resolverse.
Carla García, coordinadora internacional de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) me comenta con entusiasmo que el triunfo de Xiomara Castro representa para el pueblo garífuna de Honduras esperanza de diálogo y un cambio de las políticas de vaciamiento territorial que dan paso a las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE) que no son sino el despojo de nuestros territorios
. Para Juan López, pedagogo del Comité Municipal en Defensa de Bienes Comunes y Naturales del municipio de Tocoa, el triunfo de Castro, abre una gran posibilidad de abordar el caso del encarcelamiento de ocho defensores de los ríos de la explotación minera con mayor objetividad y veracidad técnica y libertad para nuestro territorio
.
En contraste con el giro hacia la izquierda en Honduras, El Salvador se ha ultraderechizado desde la elección de Bukele en 2019, cayendo en un derrotero de autoritarismo que desvanece la anterior alternancia del poder entre izquierda y derecha. Bukele se ha denominado el “dictador más cool del mundo mundial” (sic) burlándose de sus críticos consternados del despido masivo de trabajadores estatales y el encarcelamiento de adversarios políticos sin el derecho al debido proceso, la adopción del bitcóin como moneda legal, cambios constitucionales para permitir la relección presidencial, la destitución de los magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general por la Asamblea Legislativa controlada por su partido Nuevas Ideas, el nombramiento de sustitutos subordinados a él mismo y la emisión de resoluciones constitucionales para permitir la relección presidencial.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación ante el deterioro de los derechos humanos, (la) consolidación del autoritarismo y discursos de odio contra defensores de derechos humanos, organizaciones y medios de comunicación en El Salvador, como consecuencia de la concentración de poder de Bukele y su partido y del desmantelamiento progresivo de los controles entre poderes públicos que impedirían los abusos de poder
(https://bit.ly/3rqFJYF).
El más reciente embate autoritario de Bukele está siendo enérgicamente condenado por organizaciones locales e internacionales, se trata del proyecto de ley de agentes extranjeros que es otro paso para silenciar la crítica, restringir la libertad de expresión y de asociación, y criminalizar voces independientes. De ser aprobada, organizaciones que reciben fondos de fuentes externas deberán inscribirse oficialmente como agentes extranjeros
y quedar excluidos de cualquier actividad política que se perciba que altere el orden público
o vaya a amenazar la seguridad nacional
o la estabilidad social y política del país
. Los entes extranjeros
que no se registren en los ocho días posteriores a la entrada en vigor de la ley y cumplan con sus disposiciones –que se determinarán a discreción de autoridades
– podrían perder su estatus legal, enfrentar cargos criminales y multas de hasta 150 mil dólares. Esta ley impondría un gravamen de 40 por ciento a fondos recibidos por organizaciones civiles, lo cual no tiene precedente global (https://bit.ly/3Et1Hyd). Mientras la ONU y Alemania muestran preocupación por esta ley (https://bit.ly/2ZM3WNU), Bukele lanza redadas contra organizaciones de derechos humanos (https://bit.ly/3DcAQ7Z).
En Honduras , El Salvador y el mundo, como bien ha dicho Dilma Rousseff a La Jornada durante la pasada reunión del Grupo de Puebla, el error más grave es dar por garantizada la democracia
. Las fuerzas de ultraderecha están sueltas.
*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington DC.
Twitter: @ManuelPerezIPS
https://www.jornada.com.mx/2021/12/06/opinion/018a2pol