Reunidos en
la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
en el marco del IV Foro Mesoamericano delegados y delegadas de México,
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá
y representaciones de otros países hermanos, bajo el lema
“La Autodeterminación y Resistencia de los Pueblos”
y con la firme convicción de que “Otra Mesoamérica
es Posible”, nos dimos a la tarea de analizar la actual situación
de nuestra región con el fin de definir estrategias de lucha
para enfrentar y revertir la embestida del neoliberalismo.
Hemos constatado
a través de la reflexión que los resultados de más
de veinte años de programas de ajuste estructural, desregulación
de las economías, privatizaciones y endeudamiento externo
sólo han traído más pobreza y concentración
de ingresos y activos, mayor desempleo y precarización de
la condiciones laborales, profundización de los procesos
migratorios, destrucción de nuestros ecosistemas y recursos
naturales, inseguridad alimentaria, limitación del acceso
de la población a servicios públicos básicos
y la sistemática violación de los derechos económicos,
sociales y culturales, con especial énfasis en niños,
niñas, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas
y afrodescendientes.
Observamos cómo
las estrategias de dominación imperialista han experimentado
en la década de los noventas un salto cualitativo que va
de la definición e implementación de los paquetes
de ajuste estructural impulsados por la banca multilateral (Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de
Desarrollo) y que se imponen a través del marco de condicionamientos
atados a los préstamos otorgados a los gobiernos; hasta el
establecimiento de un conjunto de normas definidas por la Organización
Mundial de Comercio, que modifican los marcos jurídicos de
los Estados y que convierten los privilegios de las corporaciones
transnacionales en plenos derechos para ellas, en un claro esfuerzo
por disponer de una Constitución planetaria, desde la cual
se privilegian los “derechos del capital”.
Es a través
de los tratados bilaterales de libre comercio (TLCAN y TLC CA-EU),
los acuerdos regionales (ALCA) y los megaproyectos de inversión
(Plan Puebla Panamá), cómo se subordina nuestra legislación
secundaria a la lógica de la ganancia, y además se
crean las condiciones de infraestructura financiada con endeudamiento
y recursos públicosque garanticen el óptimo funcionamiento
del capital transnacional en la región, el cual además
hace a nuestros pueblos cada vez más dependientes y vulnerables
frente a estas políticas económicas y las empresas
transnacionales.
No cabe duda
que la apuesta del gobierno estadounidense por impulsar los tratados
y acuerdos de “libre comercio”, constituye una pieza
fundamental de la nueva estrategia de seguridad nacional de los
EEUU, la cual desde una opción militarista y basado en una
visión unilateral justifica la represión de cualquier
disenso que representen oposición a los proyectos de dominación
transnacional. Además, el gobierno de los Estados Unidos
utiliza el chantaje de los emigrantes ilegales como un arma para
la obtención de sus objetivos estratégicos militares
y comerciales.
Las reglas de
la OMC, van mucho más allá de aspectos estrictamente
comerciales, pues incluyen aspectos de inversión, políticas
de competencia, servicios y derechos de propiedad intelectual, entre
otros. Estas normativas resultan perjudiciales para nuestros pueblos
y afectan la misma existencia de las personas, por ello planteamos
la necesidad de regulaciones al capital y no ceder más poderes
para las transnacionales. Buscamos impedir que en la Reunión
de la OMC en Cancún, México se inicien nuevas negociaciones
que multilateralicen las inversiones; propugnamos dejar fuera de
la OMC la agricultura, la inversión, los aspectos de la propiedad
intelectual, os servicios públicos y las reglas que limiten
el papel del Estado y sus responsabilidades con los pueblos en la
definición e impulso de los proyectos nacionales de desarrollo.
El IV Foro Mesoamericano
“por la Autodeterminación y la Resistencia de los Pueblos”
plantea que:
- Las privatizaciones
de los servicios públicos han mostrado --en general-- una
clara tendencia alcista en las tarifas, la consolidación
de monopolios u oligopolios privados proveyendo servicios públicos,
han estimulado la corrupción, y atentan contra la soberanía
y cultura de los pueblos mesoamericanos. Considerando que los servicios
públicos constituyen derechos humanos fundamentales, rechazamos
categóricamente que sean considerados como mercancías
sujetas a las leyes del mercado.
- Los TLC, el
PPP y el ALCA promueven un esquema de inversión extranjera
directa basada en la producción maquiladora, la cual tiene
como principal incentivo la flexibilización laboral y la
sobreexplotación de las personas trabajadoras principalmente
mujeres. Frente a este modelo maquilador, nos pronunciamos porque
la fuente de competitividad de las empresas deje de ser la reducción
de los costes laborales basados en la precarización de las
condiciones de trabajo; y reivindicar el cumplimiento de los derechos
laborales y la definición de políticas nacionales
de empleo, que propendan a la creación de empleos dignos.
- Mesoamérica
es una de las regiones más ricas del planeta en biodiversidad,
eso la convierte en una zona de enorme interés para las empresas
transnacionales dedicadas a la bioprospección, que amparadas
en los derechos de propiedad intelectual, amenazan con el saqueo
de las especies animales y vegetales de nuestros países.
Esta amenaza trasciende al robo de los conocimientos tradicionales
de los pueblos indígenas; y al manejo depredatorio que las
inversiones extranjeras realizan, las cuales amparadas en el capítulo
de inversiones de los TLC, están facultadas para actuar violentando
nuestras legislaciones ambientales. Por lo anterior, rechazamos
el aprovechamiento del marco de los Derechos de Propiedad Intelectual
y las inversiones para legitimar los procesos de bio-piratería
en la región mesoamericana.
- La represión
contra las comunidades indígenas y afrodescendientes, que
son objeto directo de los proyectos del PPP y de los tratados comerciales
para ser despojados de sus tierras que ancestralmente les corresponden
y que hoy los gobiernos promueven a través de privatizaciones,
construcción de presas y represas, así como el trazado
de carreteras que generan importantes impactos en estos importantes
sectores de la población.
- Las políticas
y reformas neoliberales han provocado la destrucción de la
agricultura campesina e indígena en Mesoamérica y
la profundización de la pobreza rural; también se
ha permitido la reconcentración de la tierra en pocas manos,
a través de contrarreformas agrarias. Al respecto, rechazamos
el sesgo antiagropecuario de las políticas económicas,
el abandono del agro, la producción de alimentos modificados
genéticamente transgénicos-- y la pérdida de
la soberanía alimentaria de los pueblos de la región,
situaciones que se verían agravadas con la implementación
de un TLC CA-EU, en tanto mantiene importantes barreras no arancelarias
a la entrada de los productos centroamericanos como las normas sanitarias
y fitosanitarias-- y mantiene subsidiado el sector, con lo cual
las economías de la región se convertirían
en importadores de la producción estadounidense, con la consiguiente
secuela en los sectores nacionales y en la pérdida de la
capacidad alimentaria..
- Los TLC despoja
a los Estados Nacionales de los instrumentos de políticas
públicas que les permita desarrollar estrategias nacionales
de desarrollo orientadas a crear capacidades competitivas y articulaciones
productivas, así como establecer regulaciones a las inversiones
extranjeras en función de los objetivos del desarrollo. En
este sentido nos pronunciamos por la potenciación de un proyecto
nacional fundamentado en principios democráticos, de sustentabilidad
y que reduzca las profundas brechas de desigualdad genérica,
etárea, étnica, social y geográfica-.
- En la construcción
de las alternativas mesoamericanas reconocemos la importancia de
un sistema de economía solidaria que satisfaga las necesidades
humanas, basada en redes de producción y comercialización
de productos y servicios comunitarios, que descansan en la organización
comunitaria y en el empoderamiento de la población. Propugnamos
por un proyecto nacional de desarrollo que genere oportunidades
para toda la población, y que contribuya a la contención
de los flujos migratorios nacionales e internacionales.
- Consideramos
que la suscripción de TLC y ALCA no es la única, ni
mucho menos la mejor vía que garantice una adecuada inserción
económica externa para nuestros países. Rechazamos
enérgicamente la suscripción del TLC CA-EU y del proyecto
del ALCA, que constituye instrumentos para beneficiar los procesos
de acumulación de capital de las empresas transnacionales,
y cuya lógica violenta los más elementales derechos
humanos. Nos pronunciamos por empujar un auténtico proceso
de integración de los pueblos, fundado en acuerdos de cooperación
económico, social, ambiental, cultural, técnico y
energético.
- Nos manifestamos
por la desmilitarización en nuestros países y por
el retiro inmediato de las bases militares estadounidenses. Exigimos
la no instalación de complejos de adiestramiento militar
en la región, la eliminación inmediata de los presupuestos
militares y de los ejércitos, de manera que sus presupuestos
sean transferidos a las áreas de desarrollo social.
La compleja
realidad de la región exige el fortalecimiento y consolidación
de un movimiento mesoamericano que pueda plantar de manera unificada
una férrea resistencia a los proyectos de comercio e inversión.
Para nosotras y nosotros, es clave extender la organización
social, acompañada de procesos de alfabetización y
difusión sobre la temática del comercio-inversión,
mejorar la comunicación y los mecanismos de articulación
entre redes, organizaciones y movimientos en los planos local, nacional
y regional. Un reto inmediato es avanzar en la conformación
de un proyecto alternativo que nazca desde y para los pueblos.