|
Pronunciamiento
de la ASC ante la nueva cumbre ministerial de la OMC
Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2009 se realizará
en Ginebra la VII reunión ministerial de la OMC. Será
un nuevo esfuerzo de reanudar las negociaciones de la Ronda de Doha,
iniciada hace 8 años, y un escenario donde los países
desarrollados nuevamente intentarán imponer su propia agenda
de liberalización y desregulación de los mercados.
Al mismo tiempo, los países en desarrollo tratarán
de defenderse exigiendo la eliminación de los subsidios agrícolas
en la UE y EE.UU, buscando niveles diferenciales de desgravación
de bienes no agrícolas y preservando la capacidad reguladora
del Estado lo cual esta limitado por los acuerdos constitutivos
de la organización, que todos aceptaron..
Sin embargo, a diferencia de hace cuatro años, cuando tuvo
lugar la VI reunión ministerial en Hong Kong, en esta ocasión
el mundo enfrenta la peor crisis económica desde los años
30, cuya causa principal es precisamente el modelo económico
promovido por la OMC. La aplicación de los postulados de
liberalización y competencia como base del sistema de comercio
ha mostrado sus efectos perversos en una economía mundial
que tiende al desequilibrio y que exige la intervención del
Estado para garantizar su funcionamiento.
La intensidad de esta crisis ha obligado a discutir y replantear
las bases del sistema económico sobre el cual se fundamenta
la OMC. Los analistas coinciden en reconocer que el núcleo
a partir del cual se evidenció esta crisis fue la especulación
desde el sector financiero que implicó un gigantesco traslado
de recursos del sector real al sector financiero, cuya liberalización
y desreglamentación han sido justamente una bandera de la
OMC. En consecuencia cuando amplios sectores de la más variada
orientación exigen replantear las normas del comercio de
servicios financieros y regular los capitales especulativos, están
exigiendo un replanteamiento de los fundamentos mismos de la OMC.
La crisis afecta a millones de trabajadoras y trabajadores en el
mundo, que han perdido sus empleos durante el último año
y es otra cara de este fracaso del modelo económico, que
ha conducido a la terciarización de las economías,
la pérdida de capacidades productivas a través de
la deslocalización de la producción generada por el
fomento a la competencia internacional y la liberalización
de los mercados, eje de las negociaciones de la OMC.
Como consecuencia de esta crisis generalizada y de la inestabilidad
de la economía estadounidense, la hegemonía del dólar
está en riesgo, como se refleja en el aumento permanente
de los precios del oro. Sin embargo, la misma interdependencia que
ha sido producida por el mercado de divisas asociado a este patrón
monetario conlleva a que los demás países desarrollados
busquen soluciones para mantener artificialmente el poder del dólar
con el fin de garantizar la estabilidad de sus propias economías
(cuyas reservas se encuentran en dólares).
La respuesta de los gobiernos de los países industrializados
a la crisis ha sido la implementación de políticas
proteccionistas, fuertes apoyos financieros a las empresas en riesgo,
estímulos para aumentar el consumo y fomento a las industrias
nacionales, al tiempo que promueven la apertura de los mercados
en los países en desarrollo. De acuerdo con un estudio del
Banco Mundial, publicado en marzo de este año, 17 países
del G20 han aplicado 47 medidas proteccionistas que limitan el comercio.
Este doble discurso presentado en las reuniones del G20 y el G8,
es el que llevarán a la reunión ministerial en Ginebra.
Sin embargo, esta situación no es nueva, pues durante las
reuniones anteriores de la Ronda de Doha los países desarrollados
han promovido la liberalización de los mercados al tiempo
que mantienen los subsidios a sus productos agrícolas. La
declaración ministerial de Hong Kong es una muestra de ello,
pues logró crear un marco multilateral para las negociaciones
de los servicios en el Acuerdo General de Comercio de Servicios
(GATS) y limitar los compromisos sobre la eliminación de
los subsidios en los países industrializados a los subsidios
a las exportaciones hasta el 2013, sin asumir ningún compromiso
en cuanto a las ayudas internas agrícolas.
Muchos países en desarrollo no han aceptado todas las imposiciones
de los países desarrollados, a pesar de las distintas estrategias
creadas con el ofrecimiento de “paquetes de desarrollo”
que buscan conseguir la desgravación en bienes no agrícolas
y en servicios a cambio de préstamos. Debido a esta permanente
manipulación, desde la reunión ministerial de Cancún
existe el riesgo latente de un fracaso de la Ronda, que logró
salvarse con un acuerdo provisional en Hong Kong y que ahora enfrenta
mayores dificultades, como consecuencia de la crisis global y las
políticas proteccionistas asumidas por los países
desarrollados.
Los hechos imponen entonces modificar el paradigma de una OMC que
establece y garantiza unas reglas para que funcione la eficiencia
del mercado mundial para autoregularse. La cuestión es quién
se beneficia, tanto de las reglas como de las gigantescas intervenciones
estatales que son indispensables para que funcione el mercado mundial.
Lo que se percibe en Ginebra es la diversidad de los conflictos
de intereses frente a los temas de intervención del Estado,
reglas y salvaguardas. En primer lugar se encuentran las transnacionales
que requieren las reglas para maximizar sus ganancias y movilizar
los capitales por el mundo para aprovechar al máximo las
ventajas ocasionales y trasladar la producción y el mercadeo
sin importar quiénes y cuántos se perjudican, con
el mínimo de responsabilidad social y ambiental. En segundo
lugar es evidente el conflicto de intereses entre los países
con mayor nivel de desarrollo y el resto, de manera que se quiere
perpetuar las relaciones asimétricas que resultaron del colonialismo.
En tercer lugar se manifiestan las múltiples desigualdades
en la estructura económica y social de los demás países.
En cuarto lugar aparece organizándose el interés de
la mitad de la población mundial, los agricultores familiares
de Asia, África, América latina y otros lugares, cuya
importancia la OMC y la mayoría de los Estados quisieron
invisibilizar. En quinto lugar están los trabajadores que
la OMC y la mayoría de los Estados han querido tratar como
simple mercancía a la hora de tratar sus derechos pero que
al mismo tiempo son tratados como ilegales cuando el comercio mundial
los obliga a salir de sus países. En sexto lugar está
el interés del planeta cuyas demandas ya no pueden ser ignoradas
ante la crisis del cambio climático. El mercado jamás
podrá regular por sí mismo este cuadro.
Las negociaciones no están conduciendo a nada
Durante los últimos meses los ministros de los países
más influyentes en la OMC han mantenido reuniones bilaterales,
con el fin de negociar previamente un acuerdo que permita salvar
la Ronda de Doha. En consecuencia, la expectativa de los gobiernos
y las grandes empresas es que no se retroceda en los compromisos
asumidos previamente y se pueda postergar el cierre de la Ronda
para el próximo año, algunos países (como la
India) han hablado de tener una “Ronda light”, que no
incluya grandes compromisos, pero que mantenga la imagen fortalecida
de la OMC en el contexto mundial.
La intención de cerrar la Ronda y evitar un fracaso adicional
expresa el interés de las empresas transnacionales de mantener
las condiciones de liberalización comercial y de servicios
que les ha permitido controlar los mercados de los países
en desarrollo. Al mismo tiempo, el objetivo de los países
desarrollados es conservar un marco multilateral vinculante en el
que cuentan con una mayor capacidad de decisión que los demás
países participantes.
Los intereses que se han manifestado hasta ahora en las reuniones
previas por parte de los países de la UE y EE.UU. continúan
con los parámetros de las discusiones de foros anteriores.
A pesar de que en el mundo entero se ha hecho un llamado a la re-regulación
del mercado de capitales, la OMC insiste en la liberalización,
oponiéndose a las normas regulatorias adoptadas en varios
países y a las medidas adoptadas internamente en los países
desarrollados.
EE.UU. y la UE han manifestado que el avance de la ronda depende
principalmente de la profundización en las negociaciones
del GATS, pues considera que es necesario expandir el comercio internacional
de servicios, con el fin de abrir nuevos espacios para sus empresas
en este sector, en el que tienen más posibilidades de dominar
el mercado mundial. Las consecuencias de la liberalización
de los servicios en nuestros países han sido un incremento
en las tarifas de servicios públicos, limitaciones en la
satisfacción de los derechos sociales de la población
y encarecimiento del acceso a créditos, al tiempo que favorecen
una generalización del uso de productos financieros y de
seguros, frente a las inversiones en el sector real.
En el caso del comercio de bienes no agrícolas (NAMA) los
países desarrollados exigen una reducción significativa
de aranceles y eliminación de las barreras no arancelarias,
como condición para discutir la eliminación de los
subsidios agrícolas y ayudas internas en sus propios países;
en el caso de países como Brasil, Indonesia y Venezuela,
les exigen una disminución del 60% en promedio.
Como mecanismos de presión, los países desarrollados
han propuesto negociaciones sectoriales obligatorias, que les permitan
parcelar las discusiones y exigir de los países en desarrollo
reducciones en sectores estratégicos que han sido protegidos
hasta ahora. Los textos presentan condiciones desiguales que favorecen
a los países desarrollados, por ejemplo, las flexibilidades
permitidas a los países en desarrollo son escasas y no pueden
ser aplicadas a productos que representen más del 10% de
las importaciones del país. Así mismo, en los últimos
meses incluyeron una cláusula anti-concentración que
evita la exclusión de sectores por parte de los países
en desarrollo.
La aceptación de estas condiciones de negociación
conlleva una pérdida aun mayor en la capacidad de los gobiernos
de los países en desarrollo de llevar a cabo políticas
de promoción de sectores estratégicos, al tiempo que
pone en riesgo los aparatos productivos nacionales y, por lo tanto,
la posibilidad de generar empleo en dichas regiones. Esta situación
ya era evidente con la crisis actual, sin embargo, la propuesta
de la OMC de avanzar en la liberalización de los mercados,
profundizaría aun más las condiciones de desindustrialización
y precariedad del empleo que se han generado hasta ahora.
Otro tema que tiene una gran importancia en esta reunión
ministerial es el de propiedad intelectual, como resultado de las
confiscaciones de medicamentos genéricos en tránsito
que ha realizado la UE a barcos provenientes de la India durante
este año, se trata de medicamentos que se venden a un costo
menor en los países en desarrollo, pero se está limitando
su comercialización debido a que ello implica una pérdida
de ganancias para las grandes empresas farmacéuticas de los
países desarrollados. Se prevé que Brasil o la India
presenten una demanda por dichas confiscaciones. La exigencia de
los países desarrollados por el respeto a las patentes conduce
a la prohibición de la producción y comercialización
de productos genéricos, que normalmente son vendidos a un
costo menor y constituyen una alternativa para que las personas
de menores recursos accedan a ellos, se trata entonces de una violación
al derecho a la salud de todas y todos. En relación con las
llamadas “tecnologías verdes”, hay un debate
acerca de la violación del acuerdo cuando se usan estas tecnologías.
En la mayoría de los casos, la protección a la propiedad
intelectual que se promueve en la OMC profundiza la dependencia
tecnológica de los países en desarrollo, debido a
que se limita el acceso a nuevas tecnologías a un bajo costo.
La cuestión de los subsidios agrícolas
La meta de Doha de un sector agropecuario sin subsidios en el contexto
de la crisis económica mundial se ve en realidad como mosca
en leche. Cabe preguntarse si Estados Unidos sin el tejido de subsidios
agropecuarios no se hubiera encaminado a una gran depresión
como la de los años 30. Estados Unidos, Europa y Japón
no pueden, ni podrán vivir sin subsidios agropecuarios, esa
es la verdad. El problema está en que la estructura de subsidios
de Estados Unidos ha sido transformada de manera que su principal
beneficiario no son los productores sino las grandes comercializadoras
y exportadoras transnacionales y en el caso de Europa los grandes
terratenientes.
Las delegaciones oficiales de los países desarrollados en
realidad no tienen el menor interés en eliminar los subsidios
agropecuarios y simplemente utilizan la OMC para tratar de imponer
a los demás países la eliminación de las barreras
para vender los productos de sus países y también
los de sus transnacionales, así como para abrir a las transnacionales
mayores espacios para sus lucrativas inversiones en energía
y servicios financieros.
Muchas de las delegaciones de los países en desarrollo solamente
se interesan en que las exportaciones de los agronegocios puedan
ser vendidas sin barreras en los países desarrollados y en
que estos eliminen los subsidios que les impiden competir en condiciones
de igualdad con los agronegocios de los demás países.
Un empeño que no lleva sino a pequeños compromisos
a cambio de grandes concesiones en aperturas de los mercados de
los países en desarrollo, privatizaciones y reconocimiento
de la propiedad intelectual de las transnacionales. Los países
desarrollados han venido ganando terreno en su agenda, imponiendo
uno a uno tratados bilaterales que van mucho más allá
de lo que se discute en la OMC, interviniendo en cien guerras en
el mundo, en las elecciones de todos los países y multiplicando
los golpes de Estado y las bases militares de sus ejércitos
que les permiten imponer la diplomacia de las cañoneras y
usar el factor militar para llegar mil veces más allá
de lo que cualquier negociación en la OMC permite pensar.
Los intereses de quienes están negociando
Las negociaciones en el marco de la OMC no son democráticas,
las decisiones se toman en grupos de trabajo por temas, en los que
los presidentes presentan los textos y direccionan las discusiones,
ello permite que haya mayor influencia de los países desarrollados.
Así mismo, el espacio de la toma de decisiones, es la reunión
del director general, los representantes del Cuadrilátero
(Canadá, EE.UU., UE y Japón) con Brasil, India y China,
que representan a las coaliciones de los países en desarrollo.
Sin embargo, la constitución de grupos de países en
desarrollo, con el fin de defender sus intereses en temas como agricultura
y NAMA ha permitido hacer un contrapeso a la agenda de las empresas
transnacionales y ha logrado frenar las iniciativas de profundizar
las reformas y avanzar en los temas de Singapur, promovidas por
los países desarrollados en las anteriores reuniones ministeriales.
En este contexto, la actuación de Brasil, India y China ha
adquirido un gran protagonismo, pues estos países asumen
muchas veces la vocería de los grupos de países en
vías de desarrollo, pero su participación está
determinada por la búsqueda de sus propios intereses. En
las últimas reuniones son estos países los que han
logrado evitar un fracaso de la Ronda y han conseguido algunas concesiones
en el capítulo de agricultura para productos de su interés.
Brasil, por ejemplo, convocó una mini-ministerial para los
días previos a la reunión ministerial, con el fin
de avanzar en acuerdos en materia agrícola y presionar la
eliminación de subsidios. Por su parte, India recogió
el descontento de algunos países en relación a la
falta de transparencia de las negociaciones ocasionada por la realización
de múltiples reuniones bilaterales durante los últimos
meses, y presentó una propuesta encaminada a cambiar los
mecanismos de funcionamiento de la OMC, bajo el pretexto de hacer
más transparentes y eficientes las negociaciones. Sin embargo,
la ambigüedad de la propuesta ha permitido inducir una eliminación
de la necesidad del consenso para las resoluciones finales.
Si bien no son países que hayan desempeñado un papel
protagónico en las reuniones anteriores, Argentina y Ecuador
presentaron una propuesta para enfrentar la crisis, en la cual se
plantea la necesidad de permitir y promover ayudas y subsidios del
Estado a sectores estratégicos de las economías nacionales.
Así mismo, se pide que haya revisiones periódicas
de los resultados de las políticas formuladas por la OMC,
con el fin de evaluar su efectividad real en la solución
de la crisis.
Resistir al libre comercio y construir otro mundo
Ha llegado la hora de parar la agenda de las transnacionales que
consiste en ganar tiempo en la OMC para imponer en todo el mundo
lo que quieren mediante tratados bilaterales e intervenciones políticas
y militares. Es necesario construir una estrategia alternativa que
permita defender los intereses de los agricultores familiares que
son la mitad de la población mundial, que priorice la construcción
de los mercados internos y del tejido social de los países
en desarrollo, que priorice el derecho a la alimentación,
al agua y a la soberanía alimentaria, que restablezca y asegure
los derechos laborales de los trabajadores y que defienda a la madre
tierra.
No puede hoy ya sostenerse la ideología según la cual
el destino de la población rural del mundo es urbanizarse.
Ese paradigma es ahora tan absurdo como pretender que cada familia
del mundo tendrá un carro propio como la mayoría de
las familias de Estados Unidos. Lo que se pensaba como un modelo
de vida universal se ha demostrado como un modelo de vida establecido
sobre la miseria de la mayoría de la población mundial
y del planeta. En cambio, hoy es evidente que las granjas de los
agricultores familiares, no solamente seguirán aportando
su producción de alimentos y otros bienes al mundo por muchos
años, sino que debe ser apoyado ese aporte, de manera que
el mundo pueda beneficiarse más de él en lo productivo
y en lo ambiental y de manera que se consiga un impacto social positivo
para detener el hambre y evitar el crecimiento de los cinturones
de miseria de las grandes ciudades.
Un modelo alternativo se debe basar en la equidad social, en la
heterogeneidad económica, la diversidad cultural, en la defensa
del ambiente y los ecosistemas, en el fortalecimiento de los mercados
internos, en los derechos fundamentales de las comunidades rurales,
incluida su territorialidad y en la soberanía alimentaria
concebida como poder de las comunidades, regiones y naciones para
garantizar su vida sana y libertad. Este será un modelo ahorrador
de energía, de costos de transporte y ambientales. Un modelo
para “enfriar” el planeta, para garantizar la vida de
los pueblos indígenas y de las comunidades rural y la alimentación
sana y abundante de las ciudades del mundo.
A diez años de la Batalla de Seattle, esta reunión
ministerial presenta para los movimientos sociales del mundo la
oportunidad de alzar sus voces de resistencia a este modelo económico,
que genera mayores desigualdades sociales y de género, más
pobreza, destrucción de la producción nacional, desconocimiento
de los saberes tradicionales y de las economías campesinas,
eliminación de la soberanía alimentaria y productiva
de nuestros países, al tiempo que profundiza la destrucción
de la Madre Tierra.
Durante estos
años se han fortalecido las alianzas, se han intensificado
las reflexiones en torno a las alternativas. Frente a la liberalización
y desregulación de las economías, las organizaciones
sociales de América Latina propendemos por una solución
a la crisis a través de la integración de los pueblos
y la firma de tratados de comercio justos, que se fundamenten en
el respeto de los derechos humanos y en la generación de
mejores condiciones de vida para todas y todos. Ante el modelo consumista
y despilfarrador neoliberal, instamos a la búsqueda del Buen
Vivir y a la transformación de la relación con la
Madre tierra.
Nuestra agenda
incluye el respeto y revalorización de la producción
local, de la economía campesina, de los pueblos indígenas
y su cosmovisión, de los derechos de las trabajadoras y trabajadores,
la creación de una nueva matriz energética, que no
esté basada en el uso de combustibles fósiles.
Es necesario
transformar la arquitectura financiera internacional, reestructurando
completamente las IFIS; apoyamos la propuesta de crear un Banco
del Sur, que promueva las iniciativas de las comunidades de nuestro
continente, sin generar más formas de deuda. Instamos a la
creación y promoción de mecanismos para el manejo
autónomo y en beneficio del desarrollo económico y
social de las reservas.
Exigimos de nuestros gobiernos la defensa de nuestra soberanía
frente a los intereses de las empresas transnacionales y los países
desarrollados, la implementación de políticas sociales
fuera del mercado que reconozcan la diversidad y la heterogeneidad
de nuestros pueblos.
Llamamos a la movilización civil organizada en Ginebra y
en todo el mundo para conseguir el cumplimiento de estas exigencias.
Solamente cuando millones de personas en el planeta nos movilicemos
activamente por estos objetivos, vamos a derrotar el modelo de globalización
de las transnacionales que quiere imponerse a los pueblos mediante
la OMC, los TLC bilaterales y la interferencia política y
militar de las transnacionales y los estados más poderosos
en la vida de los pueblos.
Alianza Social Continental, noviembre 30 de 2009
|
