| ALIANZA
MEXICANA POR LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS
Ciudad de México 29 de julio del 2004
Atención
JEFE DE INFORMACION
Fuentes de Derechos Humanos
y Economía BOLETÍN DE PRENSA
El
gobierno esta decidido a imponer por la vía del corte de
cartucho los proyectos del PPP
Así lo manifestaron
en conferencia de prensa, representantes de las organizaciones sociales,
indígenas, campesinas y de derechos humanos que se oponen
a la construcción de la hidroeléctrica La Parota,
en el municipio de Acapulco, Guerrero, tras denunciar el apresamiento
y detenciones arbitrarias que el gobierno de ese estado ha llevado
a cabo en las últimas horas contra comuneros inconformes
por la construcción de la presa.
Rodolfo Chávez
Galindo, representante del Frente por los Derechos Económicos,
Socio-Ambientales y Culturales de los Pueblos, mencionó que
la construcción de la Presa la Parota, que tendría
una extensión 10 veces mayor a la bahía de Acapulco,
forma parte del Plan Puebla Panamá, a través de la
cual se pretende llevar la energía eléctrica a los
Estados Unidos, favoreciendo a las grandes transnacionales en detrimento
de miles de pobladores, quienes están decididos a defender
su único recurso de vida, a pesar de las intimidaciones y
“terrorismo de Estado”.
El Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a través
de la maestra Lilia Moreno Silva, responsable del Programa de Defensa
Integral de éste Centro, manifestó su preocupación
por la violación de los derechos civiles y políticos
de las comunidades en donde se quiere construir la presa La Parota,
a través de las detenciones arbitrarias, falta de información
oportuna y veraz, así como los actos de intimidación
a que están sujetas las familias de comuneros que se encuentran
en plantón desde hace un año.
Por lo pronto, han sido
detenidos 5 activistas, tres de los cuales fueron puestos en libertad,
mientras que Marco Antonio Suástegui Muñoz y Francisco
Hernández Valeriano, personas muy reconocidas y respetadas
por la comunidad, están detenidos en el penal de El Cerezo.
Se sabe que hay giradas órdenes de aprehensión contra
nueve dirigentes más.
La Maestra Lilia Moreno
señaló que Marco Antonio Suástegui fue obligado
a subir en un vehículo por judiciales y a Francisco Hernández
Valeriano fue detenido con lujo de violencia hacia el y su nieto
de 13 años, a quienes encañonaron y después
de “cortar cartucho” se lo llevaron sin haberse identificado
ni mostrado orden de aprehensión alguna.
El Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió
que de construirse la presa, se corre el riesgo de consumarse las
violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales de 25 mil comuneros y ejidatarios, viendo afectados
sobre todo sus derechos a la tierra y recursos naturales, a la propiedad,
la vivienda, el trabajo, la alimentación, salud y medio ambiente.
Ante estos hechos, el
Centro de DDHH, ha enviando información al respecto, a todas
las Instancias de Decisión del Gobierno Federal y Estatal,
así como al Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, al
Relator de Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, así
como al Programa Regional para América de Amnistía
Internacional.
Rodolfo Chávez,
señaló que las comunidades inconformes han solicitado
que el estudio o manifestación de impacto ambiental, presentado
por la Semarnap, se lleve a Consulta Pública, según
lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Equilibrio Ecológico
y Medio Ambiente. El dirigente informó que lo que conocen
de ese documento refleja una visión sesgada y no se toma
en cuenta que está en una zona sísmica, nada menos
que en la Falla de San Andrés, los mantos freáticos
y el impacto social, cultural y ambiental que representan 170 millones
300 mil m2 de tierras inundadas.
Finalmente, Martín
Velásquez integrante de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación
de los Pueblos (AMAP) dijo que “El PPP no es un plan de desarrollo,
sino un plan de negocios, a favor únicamente de las transnacionales,
por lo que se mantendrán la resistencia y movilizaciones
pacíficas apegadas a derecho hasta que el presidente Vicente
Fox y Taylor, encargado del PPP en México, reconozcan el
derecho de los Pueblos a decidir sobre su vida y recursos naturales”
Por su parte Ulises Chávez,
también miembro de la AMAP, que agrupa a organizaciones sociales,
campesinas, indígenas, de mujeres, ambientalistas y de derechos
humanos, enfatizó que el Plan Puebla Panamá no pasará
en Guerrero y llamó a todas las organizaciones que a lo largo
de Mesoamérica se oponen a este proyecto, a que se solidaricen
con la justa lucha de las comunidades afectadas por la hidroeléctrica
La Parota.
Alianza
Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos
Para mayor información:
Alianza Mexicana por
la Autoderminación de los Pueblos
044 55 51 98 88 73 / Martín Velásquez
Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez
55 35 68 92 / Mtra. Lilia Moreno Silva
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